Elecciones 2026: Crónica de una gestión marcada por el caos y el desperdicio
Las elecciones generales del 2026 en el Perú han dejado una profunda huella de descontento, no solo por el incierto panorama político resultante, sino por el estrepitoso fracaso logístico que caracterizó la jornada del 12 de abril. Lo que debió ser un ejercicio democrático ejemplar se convirtió, para muchos ciudadanos, en una muestra de improvisación, gastos desmedidos y deficiencias operativas que han puesto en tela de juicio la legitimidad del sistema electoral.
El alto precio de la improvisación
La organización de estos comicios ha estado bajo un constante escrutinio debido a la aparente desconexión entre el presupuesto asignado y la realidad operativa. A pesar de que el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió 500 millones de soles para gastos preliminares, el proceso estuvo lejos de ser eficiente.
Uno de los puntos más críticos ha sido el aumento injustificado de costos. Informes de la Contraloría alertaron que los gastos de traslado y repliegue de material electoral se incrementaron drásticamente, pasando de presupuestos iniciales proyectados por debajo de los 4 millones a propuestas que superaron los 6 millones de soles. Este sobrecosto, atribuido en parte a una gestión cuestionada con la empresa proveedora Galaga, ha generado investigaciones por presuntos delitos como colusión agravada y omisión de actos funcionales contra diez funcionarios de la ONPE.
La tecnología como carga: El caso de las impresoras
Un elemento central del desorden fue la implementación del Sistema Tecnológico en la Mesa de Sufragio (STE), que dotó a cada mesa con una laptop, una impresora y un USB. Si bien la ONPE presentó esto como una “solución tecnológica” para agilizar el conteo y reducir errores materiales, en la práctica se convirtió en un cuello de botella.
- Problemas de hardware: El despliegue de estos equipos, sumado a problemas de configuración y empaquetado, provocó retrasos significativos en la instalación de mesas de sufragio.
- Caos operativo: La falta de apoyo logístico para poner en marcha estos equipos tecnológicos fue determinante para que miles de ciudadanos no pudieran ejercer su voto de manera oportuna.
- Deficiencias administrativas: Se reportó que los paquetes tecnológicos a menudo no estaban listos o configurados correctamente, obligando a prolongar la jornada electoral en distritos específicos y alimentando el desorden funcional que ya se venía gestando.
Consecuencias de un “descarrilamiento funcional”
La Defensoría del Pueblo calificó lo ocurrido como un “descarrilamiento funcional” que comprometió principios esenciales como la universalidad y la efectividad del sufragio. La cadena de custodia del material electoral quedó bajo observación tras detectarse deficiencias en almacenes, falta de cámaras de vigilancia y una preocupante ausencia de lineamientos claros para el despliegue y repliegue de los paquetes electorales.
La crisis terminó por provocar la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, pero el daño a la confianza pública ya estaba hecho. La percepción de una gestión marcada por el desperdicio de recursos —reflejada en costos de transporte que pasaron de 0.68 a 6.80 soles por kilo— y una improvisación tecnológica que terminó obstaculizando antes que ayudando, deja una lección amarga: gobernar sobre el caos tiene un costo país que Perú no puede permitirse seguir pagando.